Autores objetan reparto en el acuerdo de $1,500 millones contra Anthropic

Un acuerdo de $1,500 millones debería sonar a victoria. El problema es que, cuando ese dinero se divide entre 480,000 obras y los abogados se quedan con más de $320 millones, la matemática empieza a molestar.

La jueza federal Araceli Martinez-Olguin declinó ratificar el acuerdo entre Anthropic y los autores que demandaron a la empresa por incorporar libros protegidos por derechos de autor al entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. El caso, que podría convertirse en el mayor acuerdo de copyright en la historia de Estados Unidos, queda en suspenso mientras la corte examina las objeciones que llegaron desde varios miembros de la clase afectada.

La jueza no descartó el acuerdo. Pidió que los abogados demandantes respondieran formalmente a las preocupaciones de los objetores antes de emitir cualquier decisión definitiva. En términos prácticos: el proceso sigue, pero con más preguntas que respuestas por el momento.

El núcleo del problema es la distribución del fondo. Según los documentos presentados ante la corte, los abogados demandantes solicitan más de $320 millones en honorarios legales. Cada autor afectado, por su parte, recibirá $3,000. Pierce Story, objetor del acuerdo y autor de dos obras incluidas en el fondo, estimó que ese desglose equivale a entre $10,000 y $12,000 por hora de trabajo de los letrados. "Cada dólar que los abogados toman del fondo del acuerdo es uno que no se le da a quienes realmente resultaron perjudicados", escribió Story en su presentación ante el tribunal.

La participación dentro de la clase es llamativa: según los documentos, las reclamaciones presentadas cubren más del 92% de las más de 480,000 obras incluidas en el acuerdo. Si los autores no estuvieran pendientes del caso, ese porcentaje sería otro. Lo que el número sugiere es que existe un interés real entre los afectados, lo que hace más difícil ignorar las objeciones.

El trasfondo del caso es conocido: Anthropic fue demandada por haber usado libros sin autorización para construir el conjunto de datos con el que entrenó a Claude. La demanda fue presentada como acción colectiva, es decir, no un litigio individual sino una representación amplia de autores cuyos textos habrían sido absorbidos sin permiso para alimentar a un sistema de IA que hoy genera ingresos significativos para la empresa.

Este tipo de acuerdos colectivos responde a una lógica que no siempre favorece a los representados. Los abogados reciben un porcentaje del fondo total; cuanto más grande el acuerdo, mejor para ellos. Los miembros de la clase se dividen lo que queda. Con casi medio millón de obras en la ecuación, incluso un fondo histórico termina siendo insuficiente para distribuir algo que se sienta sustantivo.

Hay argumentos en ambas direcciones. Quienes defienden los términos del acuerdo señalan que demostrar daño económico individual en casos de entrenamiento de IA es enormemente difícil: los modelos absorben texto a escala masiva y rastrear el impacto en cada autor es un ejercicio que los tribunales apenas están comenzando a desarrollar jurisprudencia para resolver. Bajo esa lectura, $3,000 por obra es un piso razonable dado el nivel de incertidumbre legal.

Quienes objetan dicen exactamente lo opuesto: que un acuerdo con estas características le permite a Anthropic comprar inmunidad por un precio que, distribuido entre tantos afectados, resulta simbólico. Y que ese simbolismo es precisamente lo que hace que el modelo de negocio de entrenar IA sobre texto protegido siga siendo viable: si el costo de la infracción es menor que el costo de licenciar contenido desde el principio, el incentivo para pedir permiso desaparece.

La corte pidió más transparencia antes de cerrar el caso. Eso no es un rechazo definitivo, pero tampoco es una señal de que todo marcha bien. La jueza Martinez-Olguin tiene que equilibrar intereses que apuntan en direcciones distintas: los autores que prefieren cobrar algo a seguir litigando, los que consideran que el monto es insultante, y los abogados que construyeron el caso durante años y argumentan que sus honorarios están justificados.

Lo que queda por ver es si el sistema judicial tiene margen real para renegociar la distribución o si la única salida práctica es aprobar el acuerdo con ajustes menores. Los casos colectivos de este tamaño rara vez se desintegran en la recta final. Pero los objetores siguen teniendo voz, y la jueza, por ahora, les está prestando atención.